lunes, 6 de octubre de 2008

Av.15

Nadie en Colombia ignora que la capacidad de los carteles para intimidar con el uso de la fuerza y el terrorismo -como lo hizo el cartel de Medellín- o para corromper los poderes públicos -como lo ha hecho el cartel de Cali- ha impuesto un marco de regulación a través del cual no sólo han evitado que la Extradición rija en nuestro país para el delito de narcotráfico y conexos, sino que, adicionalmente, disfrutan de las ventajas que les brindan un aparato judicial particularmente ineficiente, que es incapaz de probar -sin confesiones o delaciones- las actividades delictivas de sus miembros, y de una legislación penal deficiente que, por la vía de la acumulación de beneficios exagerados y de un régimen punitivo significativamente laxo, ha terminado haciéndolos acreedores a condenas que no son condignas al daño social causado.

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